Nos complace informarle de una importante modificación legislativa relativa a la ley belga sobre contratación pública. Se trata de la ley de 8 de febrero de 2023 que modifica la ley de 17 de junio de 2016 sobre contratación pública y la ley de 17 de junio de 2016 sobre contratos de concesión, en materia de gobernanza.
Publicada en el Boletín Oficial belga el 16 de febrero de 2023, esta ley contiene una serie de cambios importantes para aumentar la transparencia y recopilar datos de forma más estructurada. Explicamos brevemente los principales cambios.
En primer lugar, a partir del 1 de septiembre de 2023, el uso de medios electrónicos de comunicación será obligatorio para todos los contratos públicos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicación previa. Entre otras cosas, esto significa que las ofertas en este procedimiento de contratación también deberán presentarse a través de e-Tendering. Esto reducirá la carga administrativa y aumentará la eficiencia.
En segundo lugar, para los contratos y acuerdos marco que no hayan sido objeto de publicidad a nivel europeo, a partir del 1 de septiembre de 2023 deberá publicarse un anuncio de adjudicación de contrato simplificado, a más tardar 30 días después del cierre. Esto mejorará la visibilidad y la rendición de cuentas de estos contratos.
En tercer lugar, para los contratos basados en acuerdos marco, a partir del 1 de enero de 2025, el valor total de estos contratos por empresa beneficiaria, desglosado por obras, suministros o servicios, deberá comunicarse anualmente al punto de contacto federal a más tardar el 15 de febrero de cada año. Esto permitirá tener una mejor visión de la distribución del mercado y de la posición competitiva de las empresas.
En cuarto lugar, las decisiones de no adjudicación o no cierre requerirán la publicación de un anuncio de adjudicación de contrato (simplificado) a partir del 26 de febrero de 2023. Esto aumentará la transparencia.
En quinto lugar, para los contratos de cuantía limitada a partir del 1 de enero de 2025, el valor total de estos contratos por empresa beneficiaria, desglosado por obras, suministros o servicios, debe comunicarse anualmente al punto de contacto federal a más tardar el 15 de febrero de cada año. Los contratos cuyo importe de adjudicación sea inferior a 3.000 euros están exentos de esta obligación. Esto permitirá conocer mejor el tamaño y la distribución de estos contratos.
Como puede verse, la nueva ley pretende que el gobierno federal (FPS BOSA) ponga los datos a disposición de la sociedad civil, los medios de comunicación y los agentes económicos de forma estructurada y activa. Estos datos serán recopilados por la autoridad contratante y presentados de manera neutral . Las modalidades de publicación de estos datos están aún por definir en un real decreto.
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