La celebración de un contrato público es el momento en que el principal y el contratista celebran un contrato para la ejecución del mismo. El comitente es la autoridad pública que celebra un contrato para una necesidad concreta, por ejemplo, la renovación de una escuela, el suministro de ordenadores o la organización de un festival. El contratista es la empresa o persona que ejecutará el contrato a un precio determinado.
La celebración de un contrato público no se produce de la noche a la mañana. Va precedida de todo un procedimiento en el que el cliente anuncia el contrato, selecciona a los candidatos o licitadores, evalúa las ofertas y elige la mejor. Esto se denomina adjudicar el contrato. El mandante debe comunicar la decisión de adjudicación a todos los candidatos o licitadores, tanto a los elegidos como a los rechazados. La decisión de adjudicación debe incluir también las razones de la selección y el rechazo.
La decisión de adjudicación no significa todavía que el contrato esté cerrado. Primero debe respetarse un periodo de espera o plazo suspensivo. Se trata de un periodo de al menos 15 días durante el cual los candidatos o licitadores no seleccionados tienen la oportunidad de recurrir la decisión de adjudicación, si es necesario. Pueden hacerlo si consideran que la autoridad adjudicadora ha cometido un error o infringido la ley. Pueden presentar un recurso ante el Consejo de Estado o el tribunal de primera instancia, dependiendo de la naturaleza y el valor del contrato.
Si no se presenta recurso, o si se desestima, el cliente puede cerrar el contrato con el contratista elegido. Para ello, debe notificar al contratista la aprobación de la oferta. Esto puede hacerse por carta, correo electrónico o plataforma electrónica. A partir de ese momento, surge una obligación contractual entre el cliente y el contratista. Ambos deben cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en los documentos de encargo y en la oferta.
La celebración de un contrato público es, por tanto, un momento importante tanto para el cliente como para el contratista. Es el resultado de un procedimiento cuidadoso y transparente que respeta los derechos e intereses de todas las partes implicadas.
