Las cláusulas medioambientales en la contratación pública son disposiciones que el cliente (el gobierno) puede incluir en los documentos contractuales para alcanzar objetivos medioambientales y climáticos. Estos objetivos pueden incluir, por ejemplo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de la economía circular, la protección de la biodiversidad, el impulso de la eficiencia energética, la prevención de residuos, etc.
El empresario puede aplicar las cláusulas medioambientales de diferentes maneras, dependiendo de la naturaleza y el objeto del contrato. Por ejemplo, el principal puede:
- Utilizar criterios medioambientales a la hora de seleccionar candidatos o licitadores. Esto significa que el cliente comprueba si los candidatos o licitadores cumplen determinadas condiciones medioambientales, como cumplir la legislación medioambiental, tener una política medioambiental, disponer de una etiqueta ecológica, etc.
- Adjuntar condiciones medioambientales a la ejecución del contrato. Esto significa que el cliente exige al contratista (el contratista, el proveedor o el prestador de servicios) que cumpla determinadas obligaciones medioambientales durante la ejecución del contrato, como utilizar materiales o productos respetuosos con el medio ambiente, limitar la contaminación acústica o atmosférica, reciclar o reutilizar residuos, etc.
- Integrar los aspectos medioambientales en las especificaciones técnicas o los criterios de adjudicación del contrato. Esto significa que el cliente tiene en cuenta las características medioambientales o el impacto medioambiental de los productos, obras o servicios objeto del contrato, como el análisis del ciclo de vida, la huella de carbono, la neutralidad de carbono, etc.
El contratista debe cumplir las cláusulas medioambientales impuestas por el empresario, y debe poder demostrarlo. A su vez, el empresario debe controlar el cumplimiento de las cláusulas medioambientales, y puede imponer sanciones por incumplimiento, como retención de pagos, ruptura del contrato, exclusión de futuros contratos, etc.
Así, las cláusulas medioambientales de la contratación pública pretenden aumentar la responsabilidad medioambiental de las autoridades públicas y los contratistas, y contribuir a una sociedad más sostenible y respetuosa con el clima.
