La subcontratación es una forma de colaboración en la que un contratista subcontrata parte de un contrato público a otro contratista, denominado subcontratista. El contratista es la empresa o persona que ha obtenido el contrato público y que lo ejecutará a un precio determinado. El cliente es la autoridad pública que ha otorgado el contrato para una necesidad concreta, por ejemplo, la construcción de un puente, el suministro de material de oficina o la organización de un evento.
La subcontratación puede tener varias ventajas para el contratista, como:
- Aumento de la capacidad y flexibilidad para desempeñar el trabajo
- Aprovechar los conocimientos y la experiencia de los subcontratistas
- Reducir los costes y riesgos de la misión
- Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes
Sin embargo, la subcontratación también puede acarrear algunos inconvenientes o retos, como:
- Pérdida de control y supervisión sobre la ejecución del contrato
- Depender de la calidad y fiabilidad del subcontratista
- Cumplimiento de las normas y obligaciones de subcontratación
- Resolución de conflictos o problemas con el subcontratista
La subcontratación no está prohibida en la normativa de contratación pública, pero está sujeta a una serie de condiciones y restricciones. El contratista debe informar al contratista principal de la parte del contrato que pretende subcontratar y de la identidad del subcontratista. El contratista puede rechazar o restringir la subcontratación si tiene una razón válida para hacerlo. El contratista también debe comprobar que el subcontratista no tiene motivos de exclusión y que cumple los requisitos de competencia. El contratista sigue siendo plenamente responsable de la correcta ejecución del contrato, incluida la parte realizada por el subcontratista.
La subcontratación es, por tanto, una opción para que el contratista subcontrate parte de un contrato público a otro operador, pero debe hacerse respetando las normas y los intereses del cliente.
