Un plazo suspensivo es un periodo durante el cual el poder adjudicador aplaza la adjudicación del contrato público para dar a las empresas participantes la oportunidad de recurrir eventualmente la decisión de adjudicación. El plazo suspensivo tiene por objeto garantizar la protección jurídica de las empresas y fomentar la transparencia y la competencia leal.
El plazo suspensivo se aplica a la mayoría de los contratos públicos, salvo los contratos de cuantía limitada cuyo presupuesto sea inferior a 30.000 euros (IVA excluido) o los procedimientos negociados sin publicación. El periodo de statu quo comienza a partir de la notificación de la decisión de adjudicación a los licitadores no seleccionados. La duración del periodo de statu quo depende del método de notificación:
- Si la notificación se realiza por fax o por vía electrónica, el plazo suspensivo es de 15 días naturales.
- Si la notificación se realiza por correo o transportista, el plazo suspensivo es de 20 días naturales.
- Si la notificación se realiza de distintas formas, se aplica el plazo más breve.
Durante el plazo suspensivo, el poder adjudicador no puede celebrar el contrato con el adjudicatario. El plazo suspensivo tampoco crea una obligación contractual. Ésta sólo nace con la celebración del contrato, tras la expiración del plazo suspensivo o tras la resolución de cualquier recurso.
Para las empresas participantes, el plazo suspensivo les permite impugnar la decisión de adjudicación si consideran que el poder adjudicador cometió un error o infringió la ley. Pueden presentar un recurso ante el Consejo de Estado o el tribunal de primera instancia, dependiendo de la naturaleza y el valor del contrato. Deben hacerlo dentro del plazo suspensivo; de lo contrario, pierden su derecho a impugnar la adjudicación.
El plazo suspensivo es, por tanto, una herramienta importante tanto para el poder adjudicador como para las empresas participantes. Un plazo suspensivo proporciona un periodo de espera entre la decisión de adjudicación y la celebración del contrato, durante el cual se respetan los derechos e intereses de las partes implicadas.
